Un hombre, de 36 años, fue imputado este viernes como segundo integrante de una organización acusada de provocar un perjuicio patrimonial de casi $90 millones a una concesionaria de la capital tucumana mediante el pago con cheques sin fondos.
El sospechoso había sido capturado en un paso fronterizo de Gualeguaychú, cuando se encontraba a bordo de uno de los vehículos involucrados en la investigación.
Tras su arribo desde Gualeguaychú, el fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, Diego Hevia, lo acusó por el delito de defraudación por el pago con cheques sin provisión de fondos, en calidad de coautor.
Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de SaludDurante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó los riesgos procesales y señaló que el acusado, domiciliado en Santiago del Estero, no cuenta con arraigo en Tucumán. También indicó que posee una condena anterior de dos años de cumplimiento condicional.
“Hubo un plan preacordado, donde tres personas, simulando solvencia, se valieron de una estructura societaria fantasma”, sostuvo Hevia. Además, destacó que el sospechoso fue detenido en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos mientras se encontraba con el vehículo cuyo título continúa registrado a nombre de la concesionaria afectada.
El fiscal también informó que un tercer integrante de la organización permanece prófugo.
Por estos motivos, Hevia solicitó al juez interviniente que disponga la prisión preventiva por 54 días, plazo que coincidirá con el establecido para la otra imputada, una mujer de 47 años. El vencimiento de la medida operará el martes 17 de noviembre.
La teoría del caso
Según la acusación, en enero de 2025 los imputados se presentaron en una concesionaria ubicada en avenida Néstor Kirchner 3975, de San Miguel de Tucumán, donde manifestaron su intención de adquirir distintos vehículos.
De acuerdo con la investigación, los acusados se presentaron como titulares de negocios y bienes y afirmaron incluso que poseían otros emprendimientos en común, con el objetivo de aparentar contar con respaldo económico suficiente para concretar las operaciones.
En ese contexto, adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.
Para realizar los pagos, entregaron cheques correspondientes a la firma INDI SRL, Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, de la cual la mujer de 47 años era titular del 50% de las cuotas societarias.
Siempre según la acusación, el hombre se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Cuando fueron presentados al cobro, los documentos fueron rechazados por falta de fondos, lo que habría provocado el perjuicio patrimonial investigado, estimado inicialmente en unos $90 millones.
La investigación es encabezada por la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, que ahora procura determinar el paradero del tercer integrante señalado en la causa.